Fuerzas armadas, fuerza policial y seguridad privada

| Plumas Invitadas

Artículo por: Julio Colón

Una triangulación cuasi-dicotómica en la seguridad ciudadana

En lo que va del Siglo XXI se han caracterizado variados cambios en la sociedad en general, unos más convulsos que otros; en materia de criminalidad los ataques del 11S en el año 2,001 marcaron un antes y un después que obligaron a todos los países del mundo en cambiar sus políticas de seguridad y defensa nacional. Si bien es cierto, se trató de un ataque con motivación político-ideológico hacia el país más poderoso de mundo, convulsionó a todos los sectores del planeta en términos sociales, financieros, religiosos, geo-políticos, académicos entre otros. Habiendo dejado muchas lecciones aprendidas y creando nuevos paradigmas entre ellos en lo que a seguridad ciudadana se refiere.

 

Las convulsiones sociales que se viven en muchos países del mundo, particularmente en América Latina ha motivado a las autoridades de Estado en recurrir a las fuerzas armadas nacionales para que apoyen a las fuerzas policiales locales y cada vez es más frecuente la presencia de las mismas para enfrentar a la delincuencia, incluso, para algunos candidatos políticos es un argumento que utilizan en sus campañas electorales para agenciarse de más votos al prometer que las fuerzas militares saldrán o se mantendrán  en las calles para combatir a ese flagelo social.

 

Cada vez la línea divisoria entre las funciones de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales es más tenue o difusa, se olvida que las fuerzas armadas están entrenadas y equipadas para enfrentar al enemigo con toda su potencia de fuego y alto nivel de violencia, ya sea para exterminarlo, neutralizarlo o para expulsarlo, mientras que las fuerzas policiales deben hacer lo contrario, actuar con la menor violencia posible puesto que su compromiso es proteger al ciudadano. Vemos, además, en medios de comunicación masivos y en redes sociales que con mas frecuencia las fuerzas de seguridad civil utilizan equipo militar para fortalecer incluso a grupos elites o de choque (antiterrorismo, antisecuestros, antinarcotráfico, antipandillas, etc.). Todo esto conlleva a que se ha formado una fuerza hibrida para contrarrestar los desafíos que generan los problemas de inseguridad interna en muchos países del planeta – por lo menos en el mundo occidental.

 

Es importante aclarar, que en muchas naciones la presencia de las fuerzas armadas es solicitada o exigida por la propia población, estadísticamente está demostrado que tienen más confianza en ellas en comparación a la policía y al sistema de justicia, pero reiteramos, las fuerzas armadas no están entrenadas ni equipadas para desarrollar misiones de combatir a la delincuencia común – podrán brindar apoyo temporal en determinadas circunstancias y focalizadas como lo pudieran ser disturbios civiles, conflictos sociales, desastres provocados por fenómenos naturales, presencia disuasiva a larga distancia, pero debe ser temporal y bajo un mando civil, de lo contrario, se estará erosionando su misión y naturaleza militar para la cual han sido creadas puesto que se les involucra y se les compromete en enfrentar a la delincuencia común, a grupos delincuenciales organizados, además, se les expone – mientras esa temporalidad sea más prolongada – a que sean permeables a actos de corrupción, politización, violación de derechos humanos por algún exceso cometido ante la población civil, nexos con estructuras criminales, incluso, a que se perpetúen caciquismos o se fomenten grupos paramilitares en ciertas regiones  donde pudiese haber debilidad o ausencia del Estado a través de otras instituciones.

 

Las fuerzas policiales civiles en algunos países no están aumentando ni en cantidad ni en presupuesto, a las fuerzas armadas – en cambio – las vemos, además, patrullando las costas, los ríos y las fronteras, en la erradicación manual de cultivos ilícitos, destrucción de pistas clandestinas de aterrizaje, en proyectos de desarrollo principalmente de infraestructura, en protección ambiental principalmente de biósferas o ecosistemas, etc. 

 

El hecho que la población esté preocupada por la inseguridad ciudadana no implica la militarización de la misma, pero surge la percepción de buscar confianza en otras instituciones como está sucediendo con las fuerzas armadas. La población no tiene suficiente confianza en la policía por diferentes motivos, en contra posición a los militares los ven como una herramienta disponible en el corto plazo y es por ello que líderes civiles son recurrentes en pedir la presencia militar en las calles para hacer frente a la delincuencia común, además, algunos políticos y académicos manejan el concepto como nueva insurgencia a los grupos delincuenciales organizados, tales como las pandillas o maras a las que se les debe combatir como en la época de la guerra fría. Repetimos, acarrea el riesgo de violación a los derechos humanos la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en contextos violentos. Por muy grave que sea la situación de orden interno, incluso de criminalidad ordinaria en el ámbito interno, esta no constituye una amenaza militar a la soberanía de un Estado, tal y como lo refiere la Comisión Interamericana de DD.HH.

 

El oficial de policía tiene por misión proteger su comunidad, previniendo y luchando contra el crimen, manteniendo la ley y el orden. Se preocupa por mantener las calles seguras, así como por disminuir las actividades criminales y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero hemos visto en párrafos anteriores que su capacidad queda superada por la demanda de la sociedad en resolver sus necesidades de seguridad, en consecuencia, se recurre al apoyo de las fuerzas armadas; sin embargo, desde el siglo pasado se ha ido introduciendo y regulando también la figura o intervención de un tercer protagonista, siendo esta  la seguridad privada con sus variados matices.

 

Contemporáneamente, el Estado ha despojado a la sociedad de su obligación proteccionista, deja de lado su función paternalista – se ha desentendido y hace que el ciudadano se autoproteja; surgen las fuerzas del mercado, el ciudadano debe tomar sus medidas para protegerse, se genera entonces, la disolución de la solidaridad social. A este fenómeno podemos llamarle gobierno a distancia, es decir, introduce una nueva lógica de seguridad, no será más un bien colectivo regulado por el Estado sino por el poder adquisitivo; en consecuencia, el control de la criminalidad ha devenido en un negocio de la seguridad y se rige por la viabilidad de solución y la capacidad económica.

 

Lo anterior genera una disolución del monopolio del Estado en los servicios de seguridad, surgiendo nuevos protagonistas en esta materia. Por supuesto, el Estado crea el marco regulatorio, tiene la última palabra y gobierna a distancia. El Estado apela a la responsabilidad social permitiendo que se organicen, formen serenazgos, juntas o comités de barrios, colocar talanqueras, circuitos cerrados de televisión, contratación de guardias privados entre otros. Se trata prácticamente de un mandato de autoprotección. Cede un trozo de soberanía de Estado al sector privado y a la sociedad civil, reduciendo de esa manera su efecto estadual generando una sociedad más participativa y más comprometida.

 

Se desarrollan los conceptos de colaboración y cooperación ciudadana acuñada con el principio de responsabilidad ciudadana, dando lugar a una nueva filosofía de la administración pudiéndosele denominar sociedad público-privada con participación de universidades, sector privado, sociedad civil, tanques de pensamiento, entre otras organizaciones, de tal manera que, mientras más protagonismo y participación haya – más compromiso se genera por parte de la sociedad.

 

Todo lo anterior permite articular el surgimiento de la privatización de la seguridad con una desmedida expansión de empresas de seguridad con múltiples ofrecimientos de solución a variadas necesidades y exigencias del ciudadano, surgiendo de esa manera una comercialización de seguridad privada. Esto demuestra que el Estado ya no es más el único garante de seguridad, sino el coordinador y regulador. La seguridad se rige hoy en día de acuerdo a criterios de mercado (ley de oferta y demanda) en función del poder adquisitivo individual. La seguridad es un producto fabricable y consumible en el mercado y corre por nuestra cuenta. Donde antes regía la soberanía, hoy rige el mercado. Todo esto conlleva a un proceso de descentralización y de reducción de presencia policial.

 

Estamos ante un modelo de Estado neoliberal que propone una nueva filosofía de administración pública: ciudadano = cliente. Las nuevas corrientes sobre política criminal tratan de conjugar: lo público con lo privado; el Estado con el mercado; la centralización con la descentralización.

 

La trilogía anterior (fuerzas armadas – fuerzas policiales – seguridad privada) en cuanto a sus circunstancias y conceptualización pueden generar mucho debate y cuestionamientos, igualmente, no son la fórmula mágica para mitigar la inseguridad ciudadana como un problema complejo que requiere soluciones complejas; sin embargo, podemos reafirmar, en el caso del sector de la seguridad privada que su papel en la prevención del delito es subsidiaria y complementaria a favor  del  Estado por su compromiso ante la sociedad y, lo hace asumiendo los riesgos económicos y demás efectos colaterales puesto que no puede socializar las pérdidas como si lo puede hacer el Estado.

 

Compilación de criterios de algunos  especialistas en Seguridad y acotaciones del autor de este artículo.

 

Julio Colón

Especialista en Administración de Seguridad Integral por la Bircham International University de Madrid, España.

jcolonasesor@gmail.com

 

 

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